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La morosidad sigue siendo uno de los grandes factores de tensión financiera para las empresas europeas. Los retrasos en los cobros, además de afectar a la liquidez, complican la previsión de tesorería, incrementan las necesidades de financiación y limitan la capacidad de inversión. Por lo tanto, se trata de uno de los mayores retos en la gestión de tesorería.
Para endurecer las reglas contra esas demoras en pagos, la Comisión Europea lanzó ya en 2023 una propuesta de un reglamento europeo contra la morosidad. Sin embargo, el proyecto no ha seguido el camino previsto, lo que ha sembrado dudas entre las empresas sobre qué normativa está en vigor y qué cambios llegarán en los próximos años.
¿Qué es el reglamento europeo contra la morosidad y por qué se propuso?
El reglamento europeo contra la morosidad nació como una propuesta de la Comisión Europea para sustituir la actual directiva europea sobre morosidad, vigente desde 2011.
La Comisión consideraba que la normativa no era lo suficientemente eficaz para minimizar los retrasos en los pagos entre empresas y administraciones públicas. Uno de los problemas era que cada Estado miembro había transpuesto las normas de forma diferente, generando niveles de protección desiguales en toda la Unión Europea.
Por ende, la propuesta era crear un marco único y aplicable en todos los países de la UE con un reglamento que evitara diferencias nacionales en la interpretación de plazos y sanciones.
Cronología: del Parlamento Europeo al bloqueo del Consejo (2023-2026)
La evolución del expediente ha sido la siguiente:
- Septiembre de 2023: la Comisión Europea presenta la propuesta de Reglamento COM(2023) 533.
- 2024: el Parlamento Europeo se muestra a favor de endurecer las medidas contra la morosidad.
- 2025: continúan las negociaciones entre instituciones europeas.
- 2026: varios Estados miembros discrepan sobre ciertas las medidas y el Consejo de la UE no alcanza el consenso necesario para su aprobación.
Como resultado, el reglamento no ha entrado en vigor y la normativa que se sigue aplicando es la Directiva 2011/7/UE y las leyes nacionales que la desarrollan.
¿Qué proponía el reglamento? Las 4 medidas clave
En concreto, el reglamento europeo contra la morosidad proponía cuatro medidas.
1. Límite máximo de pago de 30 días
La más popular era fijar un plazo máximo de pago de 30 días para operaciones B2B. A diferencia de la normativa actual, no contemplaba acuerdos contractuales que permitieran ampliar significativamente este límite.
2. Aplicación automática de intereses de demora
Se reforzaba la obligación de aplicar intereses por retraso sin la reclamación expresa del acreedor. El objetivo era combatir la práctica habitual de asumir retrasos para no deteriorar las relaciones comerciales.
3. Mayor supervisión pública
Los Estados miembros debían designar organismos encargados de vigilar el cumplimiento de los plazos de pago y tramitar reclamaciones.
4. Régimen sancionador más estricto
Se planteaban mecanismos de control y sanción más contundentes para las empresas incumplidoras, uno de los aspectos más demandados por asociaciones empresariales y plataformas contra la morosidad.
Por qué el Consejo bloqueó el reglamento
Aunque había consenso para combatir la morosidad, varios países cuestionaron la rigidez de algunas de esas medidas. En especial, dos:
- El gran punto de fricción fue el plazo máximo universal de 30 días para todas las operaciones. Algunos gobiernos consideraron que determinados sectores operan con ciclos de cobro y pago más complejos y que eliminar toda flexibilidad contractual era contraproducente.
- También surgieron dudas sobre el impacto administrativo de los nuevos mecanismos de supervisión y sanción.
Como consecuencia, el expediente quedó bloqueado y no se convirtió en ley.
¿Qué normativa se aplica hoy en España y Europa?
Por lo tanto, la referencia legal sigue siendo la ya citada Directiva 2011/7/UE. En España, esta normativa se articula principalmente a través de la Ley 15/2010.
Con ella, los actuales plazos de pago de la UE establecen lo siguiente:
- 30 días para pagos de administraciones públicas.
- 60 días como límite general en operaciones entre empresas.
- Derecho a reclamar intereses de demora.
- Derecho a compensación por costes de recobro.
Para los equipos financieros, las obligaciones legales básicas no han cambiado en 2026, aunque el debate regulatorio sigue abierto.
Cifras de la morosidad en España y Europa (2024-2026)
La morosidad continúa siendo una preocupación para empresas de todos los tamaños. Como muestra, varios datos esclarecedores del Observatorio Europeo:
- El 31% de las empresas europeas reconoce haber retrasado pagos porque a ellas también les pagan tarde.
- Los plazos medios reales superan los límites, alcanzando 60,3 días en operaciones entre empresas y 69,8 días en transacciones con el sector público.
- Solo el 14% de las grandes compañías abona sus facturas al vencimiento, (y el 51% de las microempresas).
Desde el prisma financiero, el problema no es sólo jurídico. Cuando los cobros se retrasan:
- Aumentan las tensiones de liquidez.
- Se incrementa la dependencia de financiación externa.
- Se deteriora la capacidad de planificación financiera.
- Se complica la gestión del capital circulante.
Por ello, la lucha contra la morosidad es una cuestión estratégica para CFOs y tesoreros.
Qué deben hacer ya los CFOs y tesoreros (checklist práctico)
Esperar a una futura reforma europea no es una estrategia de gestión del riesgo. Lo relevante es entender cómo afectan hoy los retrasos de cobro al cash flow de la compañía.
- Auditar los plazos reales de cobro. Muchas empresas conocen sus plazos contractuales, pero no sus plazos efectivos. Compararlos ayuda a identificar desviaciones y clientes con más riesgo de retraso.
- Revisar contratos y cláusulas de morosidad. Es recomendable contemplar intereses de demora, procedimientos de reclamación y condiciones de pago.
- Aplicar intereses cuando proceda. Renunciar sistemáticamente a los mecanismos previstos por la ley puede animar a normalizar los retrasos, lo cual es ineficaz y poco aconsejable.
- Implementar scoring crediticio. Antes de conceder un crédito comercial conviene evaluar la solvencia y comportamiento histórico de los clientes.
- Automatizar procesos de cobro. En entornos con alto volumen transaccional, automatizar la gestión de cobros minimiza errores y acelera el seguimiento de facturas, lo que mejora el control financiero.
- Integrar los cobros en la planificación financiera. Los retrasos deben reflejarse en la previsión de flujo de caja para disponer de escenarios realistas.
- Mejorar la visibilidad operativa. La coordinación entre cuentas a cobrar, tesorería y dirección financiera es vital para anticipar problemas de liquidez.
Incluso, en compañías con múltiples entidades o estructuras complejas, la automatización de pagos también contribuye a reducir fricciones operativas y mejorar el control financiero.
¿Qué cambios podemos esperar en los próximos meses?
El bloqueo del reglamento no significa que la cuestión haya desaparecido de la agenda europea.
La Comisión Europea sigue viendo la morosidad como un problema estructural para la competitividad empresarial y es probable que continúen los debates sobre nuevas medidas regulatorias o fórmulas alternativas para reforzar el cumplimiento de los plazos de pago.
Mientras tanto, la normativa vigente sigue siendo la Directiva 2011/7/UE y su transposición nacional. Para los responsables financieros, la prioridad no debería centrarse solo en futuras reformas, sino en fortalecer los procesos internos de control de cobros, previsión y liquidez.
En un punto en el que los retrasos en los pagos siguen afectando al capital circulante de muchas empresas, tener una estrategia sólida de gestión de tesorería es cada vez más importante para anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones financieras.
